La vivienda adecuada como derecho humano

Dentro de los estándares internacionales, a los cuales Chile a adscrito, se define que el nivel de vida adecuado debe considerar la alimentación, la educación, la salud, las condiciones de trabajo, el transporte, la seguridad social y la vivienda. Se plantea, por tanto, que todos los derechos poseen el mismo nivel de jerarquía, protección y promoción, los cuales además son inherentes a todos los seres humanos, partiendo por el principio de no discriminación, el cual prohíbe la discriminación directa e indirecta en base a categorías como sexo, color, religión, identidad sexual, etc.

Para garantizar la no discriminación en materia de vivienda, para Alarcón et al (2016) son siete aspectos claves que se descomponen del derecho a la vivienda: 1) Seguridad de tenencia; 2) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; 3) Gastos soportables; 4) Habitabilidad; 5) Asequibilidad; 6) Lugar; 7) Adecuación cultural.

En el caso chileno, las modificaciones económicas e institucionales implantadas en la dictadura y potenciadas en el regreso a la democracia, establecieron un circulo virtuoso que sentó las bases para un mercado habitacional, que posiciona a la vivienda como uno de los principales instrumentos (mercancía) de acumulación capitalista que ha generado una de las realidades urbanas más segregadas del mundo, expulsando a la población más vulnerable a la periferia de nuestras ciudades.

La falta de garantías expresas del derecho a la vivienda adecuada en la Constitución, la ausencia de un marco jurídico integral, la no existencia de un enfoque de derechos, lo cual afecta notoriamente la planificación y ejecución de las políticas públicas, posiciona este derecho como un componente y núcleo básico de lucha por la producción social y desarrollo integral de individuos, familias y comunidades.

En Ciudad Común entendemos y promovemos a la vivienda como un derecho humano. Desde esa postura, creemos fundamental concebir la importancia del espacio por su valor de uso por encima del valor de cambio, derribando el modelo subsidiario que hoy traslada el beneficio a la oferta y desmantela la organización social a través de un sistema mercantilista, individualista, competitivo e irresponsable a la hora de medir el impacto en las personas y el medio ambiente.