El pasado domingo 30 de junio se desarrolló una votación en 8 comunas de Chile en donde se consultó, entre otras cosas, sobre la posición de la ciudadanía frente al llamado ‘toque de queda’ para menores de 16 años que se encuentren en espacios públicos sin supervisión de un adulto.

Esta moción -que estuvo gestionada principalmente por políticos de la UDI (derecha conservadora en Chile) y que contó con una muy baja participación ciudadana tanto en la votación misma como en el proceso de discusión- promueve la idea de “proteger” a las y los niños del consumo de drogas y alcohol a temprana edad.

Al parecer, infiriendo de las relaciones que esta medida establece entre edad, supervisión, espacio y consumo, existiría una capacidad de revertir o palear los índices de consumo si se obliga a las madres y padres a mantener a sus hijas y/o hijos encerrados contra su voluntad en los ambientes privados. No obstante, esta perspectiva no cuestiona el problema en sí de la delincuencia ni cómo se produce.

Más allá de mirar las pocas estrellas que son visibles durante las luminosas noches de la ciudad, pocas son las actividades que pueden ser efectuadas solamente de noche. El consumo de alcohol como de drogas no están privados de día y, por lo mismo, la negación de las y los niños del espacio urbano no necesariamente va a contribuir realmente a su protección.

Lo que sí, a hacerlos aún más ignorantes sobre su propio barrio y ciudad. Acá lo que se está gestionando es la generación de adultos acostumbrados a que sus cuerpos sean clasificados y dominados. No existe realmente una búsqueda por proteger y cuidar, sino más bien negar, restringir y castigar. ¿Son los niños y niñas un peligro? ¿Por qué deben ser los menores de edad los que paguen las consecuencias de una fallida lucha contra el crimen en los espacios urbanos?

Ahora bien, la medida no solo transgrede las libertades y decisiones individuales que cada integrante de la familia tiene derecho a efectuar -discusión que se ha dado incluso dentro de la misma derecha por parte de políticos de Evópoli(derecha liberal en Chile)- sino que además invisibiliza una serie de condicionantes que no están tratadas y que, al parecer, no se contempla abordar de manera integral u holística.

En esta columna, el objetivo es revisar críticamente esta política que hace todo lo contrario a proteger a las y los niños, posiblemente llegando a profundizar aún más la reproducción de la violencia y pobreza.

En términos generales, se observa que en este planteamiento existe un afán de invisibilizar las voces provenientes desde los grupos que serán los principales afectados de esta normativa. Esto, especialmente, debido a que se evidencia la creencia de una supuesta incapacidad de autoderminación de las y los jóvenes.

Esto es, en vez de consultar cuáles opciones promoverían un mejor desenvolvimiento de estos en términos de sus requerimientos espaciales, se opta por reprimirlos. Con esto se está pretendiendo no solo que los menores de edad sean obligados a habitar gran parte del día en los establecimientos educacionales -acto en el cual se les relega de la aparición y disfrute de lo público- sino que además se está buscando coartarlos cada vez más y replegarlos a los espacios privados.

Esto nos hace pensar que las y los niños son entendidos como objetos de propiedad en vez de seres humanos, desprendiéndolos de cualidades humanas como el pensamiento y la evaluación de situaciones.

Asimismo, cuando pensamos en la construcción y formación de ciudades tanto inclusivas como integradas, difícilmente el adultocentrismo[1]podría ser un insumo que guíe estos objetivos. Lo anterior, debido a que el adultocentrismo está directamente vinculado al sistema de jerarquía patriarcal, en el cual son desestimadas las experiencias de vida y necesidades de las disidencias, a saber, niñas y niños, mujeres, homosexuales, ancianos, etc.

En este caso, se observa que un grupo determinado de personas adultas lideradas por un hombre -blanco de clase alta, trata de imponer su visión sobre el espacio público, aun cuando este último debiese ser moldeado por todas y todos los habitantes involucrados con el mismo. Esto perfectamente podría tener conexión con la baja participación ciudadana que tuvo la consulta pública, especialmente por el carácter jerarquizado de las resoluciones locales.

Contrario a los criterios exclusionistas del adultocentrismo, las ciudades requieren del trabajo y participación conjunta en miras de mejorar la convivencia entre las y los habitantes. Sin embargo, la disposición actual está orientada y destinada al retroceso de estos términos, dañando las relaciones sociales posibles de tejer en los espacios urbanos.

Lo anterior, principalmente debido a que el espacio público es la plataforma de intercambio de conocimientos sobre cómo relacionarnos tanto a nivel cultural como social. Si existen peligros para los habitantes de las ciudades, la idea es atacar directamente el origen de dichos peligros, no replegar a sus habitantes al espacio privado. El único efecto esperable de esto será el que se cedan aún más espacios para el despliegue del crimen, junto con fortalecer un imaginario donde la experiencia urbana y la vida pública solo están permitidas para los adultos.

Por otro lado, esta normativa está primordialmente enfocada en exigir labores de cuidado de las niñas y niños por parte de sus mapadres. Esto nuevamente recurre a una invisibilización de las diferentes formas de agrupación familiar que participan de los espacios de la ciudad. No solo es provocativo para aquellas y aquellos que no calzan con este patrón impuesto, sino que además genera la desvalorización hacia las personas que ejercen las labores de cuidado, en tanto y al parecer, esta política supone que son otros quienes deben tomar decisiones por éstas.

La obsesión por desestimar el gran número de familias donde madre y/o padre no están presentes claramente no va a colaborar en el camino hacia la inclusión y la participación de las personas a una sociedad que tenga a las y los niños como eje principal del cuidado. Cuando las condiciones en casa no calcen con la imagen de familia que moviliza esta iniciativa, tenderá a haber una criminalización de las familias que no sigan dicho patrón, impactando directamente en la autoestima de las y los niños y en el agobio de sus cuidadores.

En términos específicos, la situación se vuelve aún más preocupante y compleja. Levanta muchas sospechas el que las y los políticos que han motivado esta consulta pública muestren desconocimiento de las ya mencionadas implicancias que podría tener una medida como ésta, en especial, en aquellos grupos más vulnerables.

Las comunas en donde se efectuó la consulta nos permiten indagar en que no solo se trata de alcaldías vinculadas por amistades políticas, sino que, además, en términos sociales y urbanos, presentan algunos rasgos característicos y similares. Las comunas de Colina, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Antofagasta y Quilpué son comunas que presentan notorios rasgos de segregación y fragmentación urbana.

Esto quiere decir, que existe una evidente separación espacial entre viviendas de alto estándar con las de bajo estándar, generando límites multidimensionales entre estos sectores. Parece extraño pensar que ambos sectores serán tratados en igualdad de condiciones a la hora de ejercer vigilancia. Por el contrario, parece la formulación de una excusa más para la intervención policial en barrios estigmatizados y, con ello, el peligro de dar rienda suelta a expresiones de abuso de poder.

Asimismo, se intenta hacer política desde lo público para impactar en lo privado sin siquiera abordar esta última esfera en términos de las limitantes que presenta. La mayor parte del stock de viviendas que son ofrecidas por las inmobiliarias no cuentan con espacios apropiados para las y los niños, especialmente para los adolescentes.  Esto, principalmente, debido a que los espacios de juego y estudio no están adecuadamente separados del de descanso, limitándolos a los muros de su habitación. Esto impacta directamente en su calidad de vida, especialmente en términos de calidad de sueño y descanso.

Lo anterior, puesto que se confunden los espacios dónde deben estar estimulados y activos con las que deben ser calmados y protegidos. A lo sumo, existe el conformismo de colocar una serie de juegos para preescolares en algunos conjuntos, pero no haciéndose cargo de las exigencias que las y los adolescentes requieren.

Esta situación se profundiza en los conjuntos de viviendas sociales, donde los espacios son aún más limitados e insuficientes. Por lo mismo, resulta evidente que estos requerimientos espaciales sean tomados en el espacio público el que evidentemente no está adecuado para incluirlos, y por lo visto, no existe un verdadero plan para abordar esta problemática. Alguno de los ejemplos más claros de cómo los espacios son inesperadamente tomados por las y los adolescentes es por ejemplo bailando frente a los espejos de los edificios, usando la bicicleta y/o el skate para movilizarse, jugando al futbol en la calle, etc. Actividades que, además, se relacionan con la recreación y el deporte.

Aún más expuestos a ser vulnerados se encuentran la gran cantidad de menores de edad en situación de allegamiento, los que no cuentan con espacios adecuados para su protección y desarrollo. Estos últimos son los que se ven envueltos en mayores conflictos, ya sea por el hacinamiento y las tensiones sociales como por la mala habitabilidad de los espacios de las viviendas.

Está demostrado que existe una asociación entre el estrés tóxico[2]en jóvenes y niñxs y la baja calidad de las viviendas que habitan, principalmente, por entender su entorno como un ambiente adverso. Estos son detonantes directos del consumo de drogas y alcohol debido a que son sustancias que alivian momentáneamente dicho estrés.

A esta situación se suma que, además de generar un deterioro físico y mental, el estrés tóxico es generado por altos índices de cortisol y adrenalina, hormonas que son secretadas para reaccionar a la sensación de miedo, y que, en condiciones prolongadas, generan confusión respecto a los límites del autocuidado. Esto los expone a vincularse con situaciones de peligro sin estar realmente conscientes de ello debido a la inhibición de la sensación de temor. Protegerlos de la exposición a estos riesgos supone un mejoramiento coordinado entre los espacios privados y públicos. No obstante, aun cuando se establezcan espacios de estudio y recreación fuera de la vivienda, si las condiciones de estas últimas no mejoran, será difícil prevenir que las y los jóvenes se expongan a los peligros de la calle.

Poner en vigencia una normativa que les prohíbe estar en la calle en determinados horarios, aun sabiendo sobre la multiplicidad de necesidades que estas y estos jóvenes requieren, la derecha no solo está maltratando y vulnerando a las y los jóvenes, sino que además está criminalizándolos. De esta manera, queda bastante claro cuál es el grupo objetivo al que se intenta rastrear y focalizar para ser reprimido utilizando la estrategia del toque de queda.

Con todo esto, se suscita la duda y preocupación de cómo esta normativa podría provocar el efecto totalmente contrario al que se vocifera apuntar. Esto, en base a que persigue la idea de focalizar a las familias que supuestamente no cumplen adecuadamente las labores de cuidado de las y los menores de edad.

Esta situación se ve como la excusa perfecta para que el SENAME se apropie de estos menores al “probar” que dichas familias no están capacitadas para responsabilizarse por las y los niños. De esta forma, se genera la incertidumbre sobre si esta agenda buscar elevar la calidad de vida de las y los niños o bien acrecentar las ganancias de los sostenedores privados. De ser así, lo único que se estaría provocando es desproteger a las y los niños, acercándolos aún mas a los círculos de violencias, vejaciones, tráfico de drogas y delincuencia.

Entonces, es posible anticipar quienes serán los principales perjudicados por esta medida. Una vez más serán las y los jóvenes más vulnerables, reproduciendo las desigualdades que tanto nos aquejan. Es difícil pensar que se busca otro objetivo distinto al criminalizarlos, en un desprecio enorme hacia la lucha por la dignidad y la equidad social. Por otro lado, se corre el gravísimo riesgo de exponer a las y los niños a condicionantes que pueden incidir negativamente en su calidad de vida, como ser desvinculados de sus familias y trasladados a centros que no están debidamente acondicionados para asegurar su cuidado. Es una medida que atenta directamente contra la integridad de las y los niños, tanto en su protección como desarrollo. Al margen de todo derecho humano, en este toque de queda se agenda una política sectorial de maltrato infantil.